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Chile: un sistema político antidemocrático

La Constitución de 1980 / 2005 no es democrática. Ni por su origen, ni por sus disposiciones fundamentales. Lo que se prolonga hacia un conjunto de leyes orgánicas y de quórum calificado, que la especifican, muchas veces acentuando dicho carácter. Esto se observa no sólo en sus disposiciones propias y sus consecuencias sino, en aspectos fundamentales, en contradicciones flagrantes entre las normas de rango constitucional y leyes que aprovechan su vaguedad para negarlas. El caso más escandaloso es la plena vigencia de la Ley de Nacionalización del Cobre, aprobada en forma unánime por el Parlamento en 1971, y la Ley de Concesiones Mineras, que permite el régimen de concesiones plenas y la desnacionalización de hecho de nuestras riquezas naturales, dictada bajo la dictadura, y sancionada como marco indiscutible a través de todas las reformas posteriores, en democracia. Como Foro por la Asamblea Constituyente creemos que todo esto configura en Chile un ordenamiento político institucional regresivo y esencialmente antidemocrático.

 

Tenemos derecho a esperar que el ordenamiento institucional de nuestro país sea democrático en tres sentidos esenciales. En primer lugar, en el sentido de que permita una auténtica y real representación de la soberanía popular. En segundo lugar, en el sentido de que permita una auténtica y real participación de los ciudadanos en la gestión de todas las decisiones que los afectan. En tercer lugar, de manera más profunda, en el sentido de que promueva y garantice derechos políticos, económicos, sociales y culturales fundamentales. Tenemos derecho a una democracia representativa, participativa y social. La Constitución actualmente vigente, incluso considerando todas las reformas a que ha sido sometida, y el ordenamiento que deriva de ella, no cumple con ninguna de estas condiciones de manera efectiva.

 

1. La representación popular omitida o distorsionada

a. La Constitución de 1980 es antidemocrática, en primer lugar, por su origen. Fue elaborada por un grupo de personalidades de derecha, completamente a espaldas de cualquier consulta a la ciudadanía, buscando expresamente fijar en ella un contenido ideológico abiertamente conservador y mercantil. Fue aprobada luego en un plebiscito fraudulento, sin las garantías mínimas de discusión ni libre participación.

Este origen antidemocrático se ha prolongado luego a todas y cada una de las reformas a las que ha sido sometida, también elaboradas entre cuatro paredes, a través de acuerdos sólo en la elite política, aprobadas por un parlamento elegido de manera no proporcional. Un proceso que culminó en las reformas aprobadas bajo el gobierno de Ricardo Lagos, las que terminaron por consagrar el carácter conservador y mercantil, y los mecanismos que obstaculizan la representación y participación real de los ciudadanos.

 

b. El ordenamiento político institucional que ha derivado de la Constitución de 1980 / 2005 es antidemocrático, en segundo lugar, porque distorsiona gravemente la representación de la soberanía popular a través:

– del sistema binominal de elecciones parlamentarias, que permite que la derecha pueda obtener la mitad del Parlamento con solo la tercera parte de apoyo de la ciudadanía;

– del sistema de quórums supra mayoritarios, constituyendo con esto, de hecho, un derecho a veto por parte de la derecha conservadora y mercantil ante cualquier iniciativa que procure cambiar algún aspecto básico de la economía neoliberal impuesta;

– de los requisitos para ser elector o ser elegido, que dejan a miles de chilenos sin derechos políticos por el sólo hecho de vivir en el extranjero, o de haber sido sometido a ciertos tipos penales o, incluso, por el hecho de ser dirigentes sindicales.

 

Esta tendencia se acentúa en ámbitos esenciales del quehacer nacional a través de enclaves de poder sin un control claro y directo desde la soberanía popular, como se da en los siguientes casos:

– en la amplia autonomía de hecho concedida de manera extraordinaria a las Fuerzas Armadas, que deja a la ciudadanía sin posibilidad real de fiscalizar sus gastos, ni de participar en la formulación de las políticas y prácticas que atañen a la seguridad del Estado;

– en la completa autonomía concedida al Banco Central, enmarcada en la imposición de un modelo económico particular, abiertamente antipopular;

– en el poder concedido al Tribunal Constitucional que, en virtud de facultades extraordinariamente amplias, puede rechazar la promulgación de leyes aprobadas por el Parlamento e, incluso, exigir quórums calificados no contemplados con anterioridad para la aprobación de leyes que, según su criterio autónomo y exclusivo, contienen temas que los requieren.

 

2. La participación escamoteada

El ordenamiento político institucional que nos rige no es democrático porque es abiertamente no participativo. Carece de mecanismos que aseguren la participación ciudadana real y efectiva. Todos los mecanismos que teóricamente permitirían esa participación están condicionados o establecidos de tal manera que de hecho no la permiten.

a. Carece por completo de mecanismos que permitan la participación popular directa en la discusión y decisión de los temas que afectan de manera directa a los ciudadanos:

– el procedimiento plebiscitario está extraordinariamente restringido en sus temas posibles, en su convocatoria y realización, no tiene poder vinculante alguno e, incluso, puede ser rechazado por la simple decisión autónoma del Tribunal Constitucional;

– no considera mecanismos democráticos ampliamente aceptados en otros ordenamientos democráticos como la iniciativa popular de ley, la revocatoria de mandato, la posibilidad de convocatoria popular a plebiscito.

b. Contiene enclaves y disposiciones que omiten de manera escandalosa la participación popular e, incluso, la voluntad popular ya expresada, como el sistema de reemplazo de las vacancias parlamentarias por designación simple por parte de los partidos políticos.

c. Carece absolutamente de mecanismos que permitan la democratización de las Fuerzas Armadas, en sus mecanismos de ingreso, de formación, de participación en las tareas comunes a todo el país, manteniéndolas ajenas y aisladas respecto de las verdaderas inquietudes del conjunto de la ciudadanía.

d. Contiene disposiciones que dificultan gravemente la libertad de expresión, como el condicionamiento del derecho de reunión a la potestad administrativa del ejecutivo, que se rige por una ley dictada durante la dictadura justamente para restringirlo, o como el conjunto de disposiciones que tienden a criminalizar las expresiones de disconformidad popular.

e. Establece leyes de transparencia y acceso a la información pública absolutamente insuficientes, que se pueden eludir con toda facilidad y prácticamente sin consecuencias, que no permiten la fiscalización directa y efectiva de las autoridades por los ciudadanos.

f. Contempla áreas enteras que escapan al poder fiscalizador del Parlamento, como la política económica, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, el arbitrio del Tribunal Constitucional, o los cuantiosos recursos que se declaran, por simple acuerdo en la elite política, como “fondos reservados”.

g. No considera ningún mecanismo efectivo para la discusión y confección participativa de los presupuestos municipales como, tampoco, para su fiscalización directa y real.

f. No contiene ningún mecanismo efectivo de participación democrática en la generación de las autoridades judiciales, ni en su fiscalización, ni en la administración de justicia.

 

3. Un ordenamiento al servicio del mercado

El ordenamiento político institucional que ha sido impuesto al país es antidemocrático porque no consagra, ni garantiza, el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales.

a. No garantiza el ejercicio efectivo del derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a pensiones justas y dignas, a un medio ambiente sano. Sólo establece, en cada uno de estos ámbitos, amplias facilidades para su mercantilización, para el desvío de la responsabilidad y recursos del Estado hacia los empresarios privados, y de los costos y consecuencias hacia los ciudadanos.

b. No garantiza el derecho a la diversidad cultural, ni contempla el reconocimiento nacional, ni la autonomía real de los pueblos originarios.

c. Contempla amplias garantías para el derecho de propiedad, pero no establece ningún mecanismo que permita garantías para ejercer al derecho a la propiedad.

d. Consagra un régimen laboral abiertamente antipopular que anula, en la práctica, los derechos a la huelga, a la sindicalización, a la negociación colectiva.

e. No contempla garantías reales para los derechos propios de las diferencias de género, los derechos reproductivos, el derecho al reconocimiento a la diversidad sexual.

f. No garantiza en absoluto la soberanía, la propiedad, el usufructo, ni la administración común, de los recursos naturales, al servicio del país:

– de los recursos mineros, pesqueros, forestales;

– de las fuentes y modos de generación de energía;

– del uso común y democrático del espectro radioeléctrico;

– del patrimonio genético de nuestra flora y fauna;

g. Consagra un sistema penal abiertamente discriminatorio, con leyes y normativas reglamentarias que distorsionan gravemente los derechos penales, procesales y penitenciarios, que criminaliza con facilidad y de manera sumaria a sectores enteros de la población, permitiendo la violación cotidiana de Derechos Humanos básicos.

 

4. Hacia una Asamblea Constituyente

Una Constitución de la que deriva un sistema político e institucional que distorsiona la representación de la soberanía popular, que no permite la participación ciudadana directa y efectiva, que entrega los derechos económicos, sociales y culturales a la conveniencia del mercado, que convierte derechos fundamentales en sistemas de bonos y asignaciones variables, que otorga toda clase de privilegios y garantías a una parte minoritaria de la población y escamotea los derechos de las más amplias mayorías, no es una Constitución democrática.

Como Foro por la Asamblea Constituyente creemos que es urgente y necesario iniciar un proceso de cambio realmente profundo de todo este sistema institucional, un proceso que sea gestado de manera democrática desde los más amplios sectores de la ciudadanía.

Sólo una Asamblea Constituyente puede convertirse en el primer paso hacia la recuperación de nuestros recursos naturales, de nuestros derechos fundamentales y, sobre todo, de nuestro derecho esencial a vivir en un sistema social en que el respeto real y efectivo de los Derechos Humanos no sea distorsionado por los intereses y la avidez del mercado.

Sólo una nueva Constitución, gestada desde una Asamblea Constituyente, puede ser el inicio del camino que nos lleve a conquistar una democracia realmente representativa, participativa y social.

 

Foro por la Asamblea Constituyente

Noviembre de 2013.

 Este Foro por la Asamblea Constituyente publicará, en un documento independiente, un detallado informe en torno al origen y desarrollo de la Constitución actual mostrando, paso a paso, cómo la elite política ha consagrado la lógica y el contenido con que fue diseñada e impuesta desde su primera formulación, bajo la Dictadura.

Chile im Wandel?

Tagesseminar am 14. September in Frankfurt am Main

Tagesseminar der stiftung medico international und der Katholischen Akademie Rabanus Maurus

Samstag, 14. September
10.30 – 17.00 Uhr
Haus am Dom, Frankfurt am Main

[Informationen zur Veranstaltung am 17. September im taz-Café Berlin finden Sie hier.]

Am 11. September jährt sich zum vierzigsten Mal der Militärputsch in Chile. Unter Führung von General Pinochet wurde die Regierung unter Salvador Allende gestürzt. Damit wurde ein politisches Experiment gewaltsam beendet, das die Verwirklichung der politischen und sozialen Rechte aller Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt seines Handelns gestellt hatte. Dabei verfolgte die Diktatur nicht nur die politischen Feinde auf brutale Weise, sondern installierte ein neoliberales Gegenmodell. Die Diktatur Pinochets gibt es nicht mehr. Das Diktat des neoliberalen Modells aber hat nach wie vor Verfassungsrang. Die Privatisierung der einst öffentlichen Daseinsvorsorge u.a. im Bildungs- und Gesundheitssektor spaltet die Gesellschaft und ist Gegenstand von heftigen Auseinandersetzungen.

Fuente: http://www.medico.de/themen/aktion/konferenzen/dokumente/chile-im-wandel/4478/

Una Asamblea Constituyente democrática y participativa

1. Una historia de de violencia y fraude

A lo largo de toda su historia las clases dominantes de este país han legitimado su poder a través de mecanismos legales que no han hecho más que perpetuar la explotación, el abuso de los poderosos, la entrega de nuestros recursos naturales al capital extranjero, la represión del movimiento popular.

Una y otra vez esos mecanismos se han establecido a través de situaciones de fuerza, tras golpes de Estado o guerras civiles, en medio de la represión de las fuerzas progresistas, bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. Y una y otra vez, sin embargo, embellecidos por los historiadores oficiales y los medios de comunicación, han sido presentados como productos de “consensos”, e incluso como producto de procesos “democráticos”.

Las sucesivas construcciones oligárquicas y anti populares surgidas de esos procesos se nos han enseñado, por más de doscientos años, como “tradición democrática”, como productos del conjunto de la nación, en un relato oficial que oculta y omite el exterminio y la represión contra los pueblos originarios, el servilismo ante el capital extranjero, la dura represión a que han sido sometidos todos los intentos en que la política de las grandes mayorías ha buscado expresarse para construir un país auténticamente para todos.

En todos estos procesos las soluciones jurídicas alcanzadas han sido llevadas a cabo a través de una capa de funcionarios y políticos obsecuentes, representantes directos de la oligarquía y de los sectores que han estado dispuestos a seguir sus intereses. La “política” nacional no ha sido sino una larga serie paralela de intentos de participación popular reprimidos, por un lado, y acomodos y traiciones por parte de oligarcas y “políticos” por otra.

La “política” actual, apoyada en el enorme poder de los nuevos medios de comunicación de masas, ha agregado a esta tradición de violencia y compromisos una renovada capacidad de hipocresía que le permite presentarse como “progresista” cuando nos hace sino favorecer los intereses de los poderosos, y “moderada” cuando no hace sino aceptar y prolongar el estado de facto instaurado por la dictadura militar.

Estamos hoy ante una consecuencia natural de esta tradicional hipocresía: muchas voces se elevan para demandar una nueva Constitución, recogiendo con ello las demandas del movimiento social, presentándolas como si fueran sus propias banderas, pero guardándose muy bien de especificar qué mecanismos serían los que podrían llevar a tal resultado.

Emplazado a pronunciarse de manera más concreta, el futuro bando gobernante, responsable de prolongar, respaldar y perfeccionar la Constitución de Pinochet solo ha especificado que ese gran cambio se hará “a través de causes institucionales”.

Para cualquier chileno consciente, sin embargo, es muy claro que la actual institucionalidad contiene toda clase de trabas para que esos “causes institucionales” lleven a un proceso constituyente genuino. Hasta el punto de que, careciendo de los quórums supra mayoritarios necesarios, lo más probable es que tenga que conformarse solo y estrictamente con las reformas constitucionales que la derecha quiera aceptar, siguiendo sus estrechos intereses oligárquicos. No sería extraño que, dadas las prácticas que ha mostrado ya a lo largo de sus veinte años de gobierno, la futura coalición gobernante llame a este proceso, nuevamente fraudulento y a espaldas de las grandes mayorías nacionales, “nueva Constitución”. Con eso no hará más que repetir el fraude cometido al cambiar la Ley Orgánica Constitucional sobre Educación (LOCE) por la Ley General de Educación (LEGE), sin alterar en lo más mínimo su contenido mercantil más profundo. Esta es la “nueva política”, “moderada” y “responsable”: cambiarlo “todo”, con un gran aparato discursivo y resonancia, sin que cambie nada realmente importante, sin tocar en lo más mínimo los intereses oligárquicos y trasnacionales que se ha acostumbrado a amparar.

2. La lucha por una perspectiva democrática

No podemos permitir que esta historia se repita una vez más. No podemos permitir que la demanda por una nueva Constitución quede en manos de una comisión de expertos nombrados solo desde el consenso de los políticos actuales. Ni podemos permitir que se llame “poder constituyente” al actual Congreso Nacional, elegido a través del sistema binominal, que es una de las instituciones más reprobadas por la ciudadanía. No podemos permitir que, una vez más, se nos imponga una nueva institucionalidad desde arriba, sin tocar las profundas injusticias que atraviesan la vida nacional.

Solo una lucha ciudadana sostenida, muy amplia, en que converjan los más diversos sectores ideológicos, puede reclamar lo que en esencia solo puede ser el derecho del conjunto del pueblo: hacer real de manera directa su soberanía.

Para esto, el único camino aceptable es que una nueva Constitución para Chile discutida y propuesta por una Asamblea Constituyente, y sea refrendada por un plebiscito realmente democrático por todos los ciudadanos.

Demandar la formación de una Asamblea Constituyente, sin embargo, no es suficiente. Muchas asambleas y comisiones amplias, de muy diversos tipos y orígenes, podrían llevar ese nombre, sobre todo por la magia de una propaganda masiva interesada en presentar un nuevo acuerdo oligárquico como producto de la voluntad popular.

Es necesario especificar con todo detalle qué tipo de Asamblea Constituyente consideramos realmente democrática. Especificar claramente las condiciones que deben presidir su formación, sus deliberaciones, sus resultados. Sin esto solo lograremos repetir el espectáculo “político” de demagogia y servilismo que hemos presenciado durante los últimos treinta años.

 

a. Necesitamos, en primer lugar, una Asamblea Constituyente grande, elegida especialmente para tales efectos, de manera proporcional, de tal manera que todos los sectores de la ciudadanía puedan quedar representados. Por supuesto, será inaceptable cualquier mecanismo de generación que no sea a través de elecciones abiertas, o que contenga restricciones a la representatividad como las del sistema binominal, o de sus eventuales modificaciones. Como también es inaceptable que se le atribuya tal carácter al Congreso Nacional, o a los concejales municipales surgidos de la anterior o de  próximas elecciones.

b. Es necesaria una Asamblea Constituyente deliberante, es decir, que proponga y discuta ella misma alternativas y propuestas constitucionales, que no se limite a aprobar o rechazar proposiciones hechas por comisiones de “expertos”. No es aceptable que, con el pretexto de la “experticia”, se escamotee la auténtica capacidad de propuesta y deliberación de los representantes ciudadanos directos.

c. Requerimos una Asamblea Constituyente participativa, que sea capaz de convocar amplias consultas parciales en todas las instancias de participación ciudadana intermedia. Que lleve a cabo un amplio proceso educativo y consultivo. En los sindicatos, universidades, organizaciones de género, colegios, municipios, organizaciones de pueblos originarios, asociaciones de empresarios. La Asamblea debe convocar a un muy amplio proceso constituyente, en que todas las voces puedan ser escuchadas, en que todas y todos se sientan acogidos.

d. Para que este proceso constituyente tenga un resultado realmente democrático es necesario evitar a toda costa los procesos de negociación entre las elites políticas instaladas en la Asamblea y los poderes de facto que, con toda seguridad, la rodearán. Una forma de precaver esta realidad, que ha sido la de toda la historia de Chile, es exigir que el máximo de temas particulares sean sometidos a plebiscito, es decir, que sean decididos directamente por el conjunto de la ciudadanía. El modo de hacer esto es exigir que la Asamblea solo pueda aprobar directamente aquellos temas para los que logre reunir el acuerdo de los 2/3 de sus componentes efectivos. Justamente aquí, para derivar todos los asuntos cruciales hacia su aceptación o rechazo directamente mayoritario del conjunto del pueblo, debemos usar el criterio de quórums supra mayoritarios que, hasta ahora solo ha sido un recurso de la oligarquía para proteger sus intereses.

e. Este requisito supra mayoritario debe dar origen a un plebiscito en que la ciudadanía se pronuncie sobre alternativas constitucionales. No podemos permitir que se nos presente un plebiscito en que solo podamos decir sí o no a lo que las elites políticas hayan logrado negociar en la Asamblea. El máximo de asuntos, sobre todo los más relevantes, deben ser sometidos directamente a la voluntad popular.

f. Solo tras esta consulta popular y con alternativas es aceptable que se redacte una Constitución que se atenga estrictamente a su mandato, y sea a su vez sometida a aprobación plebiscitaria.

 

3. La Asamblea Constituyente es solo un camino

Solo Asamblea Constituyente elegida especialmente, de manera proporcional, deliberante, participativa, que opere a través de quórums supra mayoritarios, que produzca y someta a plebiscito alternativas constitucionales, puede ofrecer garantías para la redacción de una nueva Constitución, realmente democrática.

Esta es una gran tarea política. Nunca en nuestro país ha tenido lugar un proceso de esta magnitud y significado. Esta es una gran ocasión para poner a prueba toda la capacidad política del movimiento popular chileno, y para desafiar de manera sustantiva a los poderes oligárquicos que nos han dominado, y a las elites políticas que se han prestado servilmente para consumar ese dominio.

Es cierto que los grandes procesos de transformación social no pasan solamente por cambiar el aparato jurídico de un país. Sin ese cambio, sin embargo, tampoco son realmente posibles. Es cierto que, puestos ante el transe histórico de declinar sus privilegios centenarios, las clases dominantes podrán recurrir, una vez más, como ya tantas veces lo han hecho, a la pura brutalidad de la fuerza. Pero hay algo peor aún que la opresión continua y la represión eventual: no dar la pelea que hay que dar para tener la oportunidad de derrotarla.

La Asamblea Constituyente es solo un camino. Pero puede ser un camino que nos ponga de nuevo en la ruta de nuestra liberación.