1. Una historia de de violencia y fraude

A lo largo de toda su historia las clases dominantes de este país han legitimado su poder a través de mecanismos legales que no han hecho más que perpetuar la explotación, el abuso de los poderosos, la entrega de nuestros recursos naturales al capital extranjero, la represión del movimiento popular.

Una y otra vez esos mecanismos se han establecido a través de situaciones de fuerza, tras golpes de Estado o guerras civiles, en medio de la represión de las fuerzas progresistas, bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. Y una y otra vez, sin embargo, embellecidos por los historiadores oficiales y los medios de comunicación, han sido presentados como productos de “consensos”, e incluso como producto de procesos “democráticos”.

Las sucesivas construcciones oligárquicas y anti populares surgidas de esos procesos se nos han enseñado, por más de doscientos años, como “tradición democrática”, como productos del conjunto de la nación, en un relato oficial que oculta y omite el exterminio y la represión contra los pueblos originarios, el servilismo ante el capital extranjero, la dura represión a que han sido sometidos todos los intentos en que la política de las grandes mayorías ha buscado expresarse para construir un país auténticamente para todos.

En todos estos procesos las soluciones jurídicas alcanzadas han sido llevadas a cabo a través de una capa de funcionarios y políticos obsecuentes, representantes directos de la oligarquía y de los sectores que han estado dispuestos a seguir sus intereses. La “política” nacional no ha sido sino una larga serie paralela de intentos de participación popular reprimidos, por un lado, y acomodos y traiciones por parte de oligarcas y “políticos” por otra.

La “política” actual, apoyada en el enorme poder de los nuevos medios de comunicación de masas, ha agregado a esta tradición de violencia y compromisos una renovada capacidad de hipocresía que le permite presentarse como “progresista” cuando nos hace sino favorecer los intereses de los poderosos, y “moderada” cuando no hace sino aceptar y prolongar el estado de facto instaurado por la dictadura militar.

Estamos hoy ante una consecuencia natural de esta tradicional hipocresía: muchas voces se elevan para demandar una nueva Constitución, recogiendo con ello las demandas del movimiento social, presentándolas como si fueran sus propias banderas, pero guardándose muy bien de especificar qué mecanismos serían los que podrían llevar a tal resultado.

Emplazado a pronunciarse de manera más concreta, el futuro bando gobernante, responsable de prolongar, respaldar y perfeccionar la Constitución de Pinochet solo ha especificado que ese gran cambio se hará “a través de causes institucionales”.

Para cualquier chileno consciente, sin embargo, es muy claro que la actual institucionalidad contiene toda clase de trabas para que esos “causes institucionales” lleven a un proceso constituyente genuino. Hasta el punto de que, careciendo de los quórums supra mayoritarios necesarios, lo más probable es que tenga que conformarse solo y estrictamente con las reformas constitucionales que la derecha quiera aceptar, siguiendo sus estrechos intereses oligárquicos. No sería extraño que, dadas las prácticas que ha mostrado ya a lo largo de sus veinte años de gobierno, la futura coalición gobernante llame a este proceso, nuevamente fraudulento y a espaldas de las grandes mayorías nacionales, “nueva Constitución”. Con eso no hará más que repetir el fraude cometido al cambiar la Ley Orgánica Constitucional sobre Educación (LOCE) por la Ley General de Educación (LEGE), sin alterar en lo más mínimo su contenido mercantil más profundo. Esta es la “nueva política”, “moderada” y “responsable”: cambiarlo “todo”, con un gran aparato discursivo y resonancia, sin que cambie nada realmente importante, sin tocar en lo más mínimo los intereses oligárquicos y trasnacionales que se ha acostumbrado a amparar.

2. La lucha por una perspectiva democrática

No podemos permitir que esta historia se repita una vez más. No podemos permitir que la demanda por una nueva Constitución quede en manos de una comisión de expertos nombrados solo desde el consenso de los políticos actuales. Ni podemos permitir que se llame “poder constituyente” al actual Congreso Nacional, elegido a través del sistema binominal, que es una de las instituciones más reprobadas por la ciudadanía. No podemos permitir que, una vez más, se nos imponga una nueva institucionalidad desde arriba, sin tocar las profundas injusticias que atraviesan la vida nacional.

Solo una lucha ciudadana sostenida, muy amplia, en que converjan los más diversos sectores ideológicos, puede reclamar lo que en esencia solo puede ser el derecho del conjunto del pueblo: hacer real de manera directa su soberanía.

Para esto, el único camino aceptable es que una nueva Constitución para Chile discutida y propuesta por una Asamblea Constituyente, y sea refrendada por un plebiscito realmente democrático por todos los ciudadanos.

Demandar la formación de una Asamblea Constituyente, sin embargo, no es suficiente. Muchas asambleas y comisiones amplias, de muy diversos tipos y orígenes, podrían llevar ese nombre, sobre todo por la magia de una propaganda masiva interesada en presentar un nuevo acuerdo oligárquico como producto de la voluntad popular.

Es necesario especificar con todo detalle qué tipo de Asamblea Constituyente consideramos realmente democrática. Especificar claramente las condiciones que deben presidir su formación, sus deliberaciones, sus resultados. Sin esto solo lograremos repetir el espectáculo “político” de demagogia y servilismo que hemos presenciado durante los últimos treinta años.

 

a. Necesitamos, en primer lugar, una Asamblea Constituyente grande, elegida especialmente para tales efectos, de manera proporcional, de tal manera que todos los sectores de la ciudadanía puedan quedar representados. Por supuesto, será inaceptable cualquier mecanismo de generación que no sea a través de elecciones abiertas, o que contenga restricciones a la representatividad como las del sistema binominal, o de sus eventuales modificaciones. Como también es inaceptable que se le atribuya tal carácter al Congreso Nacional, o a los concejales municipales surgidos de la anterior o de  próximas elecciones.

b. Es necesaria una Asamblea Constituyente deliberante, es decir, que proponga y discuta ella misma alternativas y propuestas constitucionales, que no se limite a aprobar o rechazar proposiciones hechas por comisiones de “expertos”. No es aceptable que, con el pretexto de la “experticia”, se escamotee la auténtica capacidad de propuesta y deliberación de los representantes ciudadanos directos.

c. Requerimos una Asamblea Constituyente participativa, que sea capaz de convocar amplias consultas parciales en todas las instancias de participación ciudadana intermedia. Que lleve a cabo un amplio proceso educativo y consultivo. En los sindicatos, universidades, organizaciones de género, colegios, municipios, organizaciones de pueblos originarios, asociaciones de empresarios. La Asamblea debe convocar a un muy amplio proceso constituyente, en que todas las voces puedan ser escuchadas, en que todas y todos se sientan acogidos.

d. Para que este proceso constituyente tenga un resultado realmente democrático es necesario evitar a toda costa los procesos de negociación entre las elites políticas instaladas en la Asamblea y los poderes de facto que, con toda seguridad, la rodearán. Una forma de precaver esta realidad, que ha sido la de toda la historia de Chile, es exigir que el máximo de temas particulares sean sometidos a plebiscito, es decir, que sean decididos directamente por el conjunto de la ciudadanía. El modo de hacer esto es exigir que la Asamblea solo pueda aprobar directamente aquellos temas para los que logre reunir el acuerdo de los 2/3 de sus componentes efectivos. Justamente aquí, para derivar todos los asuntos cruciales hacia su aceptación o rechazo directamente mayoritario del conjunto del pueblo, debemos usar el criterio de quórums supra mayoritarios que, hasta ahora solo ha sido un recurso de la oligarquía para proteger sus intereses.

e. Este requisito supra mayoritario debe dar origen a un plebiscito en que la ciudadanía se pronuncie sobre alternativas constitucionales. No podemos permitir que se nos presente un plebiscito en que solo podamos decir sí o no a lo que las elites políticas hayan logrado negociar en la Asamblea. El máximo de asuntos, sobre todo los más relevantes, deben ser sometidos directamente a la voluntad popular.

f. Solo tras esta consulta popular y con alternativas es aceptable que se redacte una Constitución que se atenga estrictamente a su mandato, y sea a su vez sometida a aprobación plebiscitaria.

 

3. La Asamblea Constituyente es solo un camino

Solo Asamblea Constituyente elegida especialmente, de manera proporcional, deliberante, participativa, que opere a través de quórums supra mayoritarios, que produzca y someta a plebiscito alternativas constitucionales, puede ofrecer garantías para la redacción de una nueva Constitución, realmente democrática.

Esta es una gran tarea política. Nunca en nuestro país ha tenido lugar un proceso de esta magnitud y significado. Esta es una gran ocasión para poner a prueba toda la capacidad política del movimiento popular chileno, y para desafiar de manera sustantiva a los poderes oligárquicos que nos han dominado, y a las elites políticas que se han prestado servilmente para consumar ese dominio.

Es cierto que los grandes procesos de transformación social no pasan solamente por cambiar el aparato jurídico de un país. Sin ese cambio, sin embargo, tampoco son realmente posibles. Es cierto que, puestos ante el transe histórico de declinar sus privilegios centenarios, las clases dominantes podrán recurrir, una vez más, como ya tantas veces lo han hecho, a la pura brutalidad de la fuerza. Pero hay algo peor aún que la opresión continua y la represión eventual: no dar la pelea que hay que dar para tener la oportunidad de derrotarla.

La Asamblea Constituyente es solo un camino. Pero puede ser un camino que nos ponga de nuevo en la ruta de nuestra liberación.

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